- Piden que la intendenta Blanca Pereyera no renuncie y rinda cuentas
- Detrás del acoso oficial, la intención del gobierno de Rodríguez Saá es despegarse de un escándalo que lo toca de cerca.
- La trayectoria de la "candidata preferida" de Alberto Rodríguez Saá
- Más allá de la embestida oficial, en la Justicia no hay novedades fuertes en la causa de los dos millones.
“Que no renuncie y rinda cuentas. No podemos asistir a un atropello a la autonomía municipal porque al gobierno no le conviene que Pereyera esté ocupando el cargo en un año electoral”, apuntó Bazla.
Pero además, el abogado y otros dirigentes de la oposición, entre ellos Edi Bernardis y Eduardo Estrada Dubor, ya habían anticipado que en la investigación por la escandalosa causa de los dos millones el gobierno hace todo el esfuerzo posible para ocultar que Blanca Pereyera “ya habría cometido las mismas maniobras fraudulentas con los fondos públicos cuando era vicegobernadora. Incluso, cuando asumió Jorge Pellegrini y ante las sospechas, se ordenó una auditoría de la cual nunca se supo el resultado ¿El gobernador Alberto Rodríguez Saá no sabía nada?”.
En el análisis de los últimos hechos que jaquean a la gestión de Pereyera, Bazla reveló además un dato no menor: “Si la renuncia de la intendenta se hubiera producido antes del 10 de diciembre, tal como lo establece la Carta Orgánica Municipal, se tendría que haber llamado a elecciones. Ahora, a menos de un año de terminar su gestión simplemente se la reemplaza por el viceintendente o, como se advierte claramente, por un secretario coordinador que pondrá el mismo gobierno”.
La “trayectoria”
Blanca Pereyera se metió en la política por medio de la militancia permanente en el PJ. Fue vecinalista y ocupó cargos de tercera línea en gestiones municipales hasta que fue elegida concejal en 1999.
Su labor en el Concejo hubiera pasado desapercibida sino fuera porque el año 2002 debió ejercer el cargo de intendenta ante la renuncia de Whalter Aguilar. Una de las medidas que tomó inmediatamente fue la adhesión de la Municipalidad de Villa Mercedes al Pacto Provincia Municipio, algo que reclamaba el gobierno y que no había podido lograr.
Por la breve gestión como intendenta -reemplazada luego por Mario Raúl Merlo- y la firma del polémico pacto se ganó el favoritismo de Alberto Rodríguez Saá, quien le devolvió el gesto “bendiciéndola” dos años después como candidata a vicegobernadora, cargo que asumió el 25 de mayo de 2003.
Durante la gestión en el gobierno provincial, la afinidad con Rodríguez Saá creció a tal punto que fue nuevamente "honrada" con la candidatura a intendenta de Villa Mercedes, cargo que asumió en diciembre de 2007.
En la gobernación
A mediados de septiembre del año pasado, un grupo de diputados del bloque Radical Participativo, que integran Carlos Berro, Ana María Nicoletti, Jorge Lucero, Héctor Casal y Eduardo Estrada Dubor advirtió en un proyecto de resolución que la Legislatura debía pronunciarse sobre las denuncias porque Blanca Pereyera “ya estaba sospechada de manejos poco claros de los fondos cuando cumplía su cargo a la par del gobernador Alberto Rodríguez Saá”.
Estrada Dubor aludió a una auditoría que habría realizado el actual vicegobernador, Jorge Pellegrini, al poco tiempo de asumir en el cargo “en la cual, según ha trascendido, surgieron irregularidades en la gestión de la señora Pereyra que nunca se dieron a conocer, ni se investigaron en profundidad”.
Recordó que en el período de vicegobernadora, Blanca Pereyra “viajó varias veces a Chile junto con colaboradores cercanos, entre ellos el que era asesor de Gobierno, Eduardo Allende, actual fiscal de Estado –quien, curiosamente, presentó en septiembre pasado un pedido de investigación en la Justicia-. Nunca se pudo comprobar qué propósitos tuvo el gobierno para la realización de los viajes, ni qué resultados se obtuvieron”.
Opinó que “este escándalo lo está agrandando el mismo gobernador para que todo quede reducido al ámbito de Villa Mercedes y no se conozcan los manejos turbios que pueden comprometer los intereses del mismo gobernador”.
El diputado Eduardo Gargiulo añadió que el proyecto se refería a la gestión de la intendenta cuando estuvo en la vice gobernación, dado que comenzaron a darse innumerable cantidad de viajes "autorizados por esta funcionaria o realizados por ella misma, con viáticos pagos, desde diciembre de 2005".
Acotó que con ella viajaron además "funcionarios que hoy están mencionados, como el entonces asesor y hoy fiscal de Estado, Eduardo Allende; el empleado planta permanente Gustavo D´Angelo, a cargo de la oficina municipal en la localidad de Los Andes; el actual senador provincial Eduardo Mones Ruiz, el ex secretario de Servicios Urbanos Darío Sacco, una hija de la intendenta, etc. Es por eso que la sospecha es que estas supuestas maniobras comenzaron a montarse en aquella época".
En la intendencia
Desde un principio, la gestión de la intendenta estuvo bajo sospecha. Los casos Risked SRL y Provincred -empresas que habían creado los ex funcionarios Sacco y Zeballos- denunciados casi en soledad por algunos medios de prensa y el concejal José Giraudo a mediados de 2009 fueron los "anuncios" de lo que se avecinaría tiempo después con los casos "dos millones" y "cuentas bancarias", que, ahora sí, amenazan con quebrar la normalidad institucional de la Municipalidad.
Las fuertes sospechas sobre el manejo de los fondos llegaron a la Justicia cuando un grupo de empleados municipales, quienes vieron sus nombres en una lista –publicada por el sitio web Crónica de San Luis- que envió la Municipalidad al Concejo para "justificar" el destino de $2.200.000, pidieron una investigación. Desde entonces los trabajadores aseguran que nunca recibieron tal dinero y que jamás realizaron obras de reparación en el edificio municipal, como lo aseguraba un informe del ex secretario de Hacienda, Marcelo Zeballos.
A esa altura, los nombres de Darío Sacco y Zeballos, por entonces funcionarios del gabinete de Blanca Pereyera, ya sonaban como los responsables de las sospechas en el manejo de los fondos.
Pese a la gravedad de las acusaciones y los reiterados pedidos de la oposición en el Concejo y en el Tribunal de Contralor, el oficialismo que domina esos organismos de control nunca advirtió ni mucho menos denunció los desmanejos presupuestarios de la gestión. Tampoco Fiscalía de Estado tomó participación como sí lo hizo un año después en un llamativo "ataque de transparencia".
Cuentas bancarias
En la misma causa de los $2.200.000, el 23 de agosto pasado se pidió a la Justicia que se investiguen cuentas bancarias que tendrían los ex funcionarios y familiares y con las cuales se hacían extrañas maniobras de depósitos y extracciones supuestamente en el exterior.
Los pedidos de investigación llevaron a que el Juzgado Penal 1 ordenara secuestros de importante cantidad de documentación en la Intendencia y en la AFIP; como también oficios por informes de cuentas en sucursales de bancos, los que corroboraron la existencia de los depósitos y las extracciones.
Lo que ahora se reitera casi hasta el cansancio desde el Juzgado Penal 1 es que no habrá novedades importantes en la causa hasta que se produzca el informe del perito contador, que analiza las documentaciones secuestradas en la Municipalidad en las últimas semanas de 2010.
