LA INTENDENTE DE VILLA MERCEDES FIJO POSICION Y NO RENUNCIARA A SU CARGO

Estamos asistiendo a una artera maniobra del gobierno para sacar a la intendenta de su cargo, despegarse de una causa que también lo salpica, reemplazarla por un interventor y manejar a Villa Mercedes en un año electoral”, advirtió Ricardo André Bazla, uno de los abogados que el año pasado presentó un pedido de investigación en la justicia por la causa de los dos millones.

• Piden que la intendenta Blanca Pereyera no renuncie y rinda cuentas
• Detrás del acoso oficial, la intención del gobierno de Rodríguez Saá es despegarse de un escándalo que lo toca de cerca.
• La trayectoria de la "candidata preferida" de Alberto Rodríguez Saá
• Más allá de la embestida oficial, en la Justicia no hay novedades fuertes en la causa de los dos millones.

 Fuente: San Luis Diario

  En las últimas semanas, el gobierno -a través de sus medios-, recurrió a los archivos periodísticos de medios independientes para descargar artillería pesada contra la intendenta y forzó la renuncia de su hija, Virginia Yánez, en el cargo jefa del Registro Público de Comercio. En la Justicia, no obstante, no hay novedades en la causa. El juez Alfredo Cuello volvió a aclarar que espera el informe del perito contable sobre la documentación que ordenó secuestrar de la Municipalidad. En febrero o los primeros días de marzo podría tomar alguna medida de fondo.

“Que no renuncie y rinda cuentas. No podemos asistir a un atropello a la autonomía municipal porque al gobierno no le conviene que Pereyera esté ocupando el cargo en un año electoral”, apuntó Bazla.

Pero además, el abogado y otros dirigentes de la oposición, entre ellos Edi Bernardis y Eduardo Estrada Dubor, ya habían anticipado que en la investigación por la escandalosa causa de los dos millones el gobierno hace todo el esfuerzo posible para ocultar que Blanca Pereyera “ya habría cometido las mismas maniobras fraudulentas con los fondos públicos cuando era vicegobernadora. Incluso, cuando asumió Jorge Pellegrini y ante las sospechas, se ordenó una auditoría de la cual nunca se supo el resultado ¿El gobernador Alberto Rodríguez Saá no sabía nada?”.

En el análisis de los últimos hechos que jaquean a la gestión de Pereyera, Bazla reveló además un dato no menor: “Si la renuncia de la intendenta se hubiera producido antes del 10 de diciembre, tal como lo establece la Carta Orgánica Municipal, se tendría que haber llamado a elecciones. Ahora, a menos de un año de terminar su gestión simplemente se la reemplaza por el viceintendente o, como se advierte claramente, por un secretario coordinador que pondrá el mismo gobierno”.

La “trayectoria”

Blanca Pereyera se metió en la política por medio de la militancia permanente en el PJ. Fue vecinalista y ocupó cargos de tercera línea en gestiones municipales hasta que fue elegida concejal en 1999.

Su labor en el Concejo hubiera pasado desapercibida sino fuera porque el año 2002 debió ejercer el cargo de intendenta ante la renuncia de Whalter Aguilar. Una de las medidas que tomó inmediatamente fue la adhesión de la Municipalidad de Villa Mercedes al Pacto Provincia Municipio, algo que reclamaba el gobierno y que no había podido lograr.

Por la breve gestión como intendenta -reemplazada luego por Mario Raúl Merlo- y la firma del polémico pacto se ganó el favoritismo de Alberto Rodríguez Saá, quien le devolvió el gesto “bendiciéndola” dos años después como candidata a vicegobernadora, cargo que asumió el 25 de mayo de 2003.

Durante la gestión en el gobierno provincial, la afinidad con Rodríguez Saá creció a tal punto que fue nuevamente "honrada" con la candidatura a intendenta de Villa Mercedes, cargo que asumió en diciembre de 2007.

En la gobernación

A mediados de septiembre del año pasado, un grupo de diputados del bloque Radical Participativo, que integran Carlos Berro, Ana María Nicoletti, Jorge Lucero, Héctor Casal y Eduardo Estrada Dubor advirtió en un proyecto de resolución que la Legislatura debía pronunciarse sobre las denuncias porque Blanca Pereyera “ya estaba sospechada de manejos poco claros de los fondos cuando cumplía su cargo a la par del gobernador Alberto Rodríguez Saá”.

Estrada Dubor aludió a una auditoría que habría realizado el actual vicegobernador, Jorge Pellegrini, al poco tiempo de asumir en el cargo “en la cual, según ha trascendido, surgieron irregularidades en la gestión de la señora Pereyra que nunca se dieron a conocer, ni se investigaron en profundidad”.

Recordó que en el período de vicegobernadora, Blanca Pereyra “viajó varias veces a Chile junto con colaboradores cercanos, entre ellos el que era asesor de Gobierno, Eduardo Allende, actual fiscal de Estado –quien, curiosamente, presentó en septiembre pasado un pedido de investigación en la Justicia-. Nunca se pudo comprobar qué propósitos tuvo el gobierno para la realización de los viajes, ni qué resultados se obtuvieron”.

Opinó que “este escándalo lo está agrandando el mismo gobernador para que todo quede reducido al ámbito de Villa Mercedes y no se conozcan los manejos turbios que pueden comprometer los intereses del mismo gobernador”.

El diputado Eduardo Gargiulo añadió que el proyecto se refería a la gestión de la intendenta cuando estuvo en la vice gobernación, dado que comenzaron a darse innumerable cantidad de viajes "autorizados por esta funcionaria o realizados por ella misma, con viáticos pagos, desde diciembre de 2005".

Acotó que con ella viajaron además "funcionarios que hoy están mencionados, como el entonces asesor y hoy fiscal de Estado, Eduardo Allende; el empleado planta permanente Gustavo D´Angelo, a cargo de la oficina municipal en la localidad de Los Andes; el actual senador provincial Eduardo Mones Ruiz, el ex secretario de Servicios Urbanos Darío Sacco, una hija de la intendenta, etc. Es por eso que la sospecha es que estas supuestas maniobras comenzaron a montarse en aquella época".

En la intendencia

Desde un principio, la gestión de la intendenta estuvo bajo sospecha. Los casos Risked SRL y Provincred -empresas que habían creado los ex funcionarios Sacco y Zeballos- denunciados casi en soledad por algunos medios de prensa y el concejal José Giraudo a mediados de 2009 fueron los "anuncios" de lo que se avecinaría tiempo después con los casos "dos millones" y "cuentas bancarias", que, ahora sí, amenazan con quebrar la normalidad institucional de la Municipalidad.

Las fuertes sospechas sobre el manejo de los fondos llegaron a la Justicia cuando un grupo de empleados municipales, quienes vieron sus nombres en una lista –publicada por el sitio web Crónica de San Luis- que envió la Municipalidad al Concejo para "justificar" el destino de $2.200.000, pidieron una investigación. Desde entonces los trabajadores aseguran que nunca recibieron tal dinero y que jamás realizaron obras de reparación en el edificio municipal, como lo aseguraba un informe del ex secretario de Hacienda, Marcelo Zeballos.

A esa altura, los nombres de Darío Sacco y Zeballos, por entonces funcionarios del gabinete de Blanca Pereyera, ya sonaban como los responsables de las sospechas en el manejo de los fondos.

Pese a la gravedad de las acusaciones y los reiterados pedidos de la oposición en el Concejo y en el Tribunal de Contralor, el oficialismo que domina esos organismos de control nunca advirtió ni mucho menos denunció los desmanejos presupuestarios de la gestión. Tampoco Fiscalía de Estado tomó participación como sí lo hizo un año después en un llamativo "ataque de transparencia".

Cuentas bancarias

En la misma causa de los $2.200.000, el 23 de agosto pasado se pidió a la Justicia que se investiguen cuentas bancarias que tendrían los ex funcionarios y familiares y con las cuales se hacían extrañas maniobras de depósitos y extracciones supuestamente en el exterior.

Los pedidos de investigación llevaron a que el Juzgado Penal 1 ordenara secuestros de importante cantidad de documentación en la Intendencia y en la AFIP; como también oficios por informes de cuentas en sucursales de bancos, los que corroboraron la existencia de los depósitos y las extracciones.

Lo que ahora se reitera casi hasta el cansancio desde el Juzgado Penal 1 es que no habrá novedades importantes en la causa hasta que se produzca el informe del perito contador, que analiza las documentaciones secuestradas en la Municipalidad en las últimas semanas de 2010.

EL ESCANDALO DE LA MUNICIPALIDAD TOCO A LA TITULAR DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO

Sorpresiva renuncia de una hija de la intendenta Blanca Pereyra

María Virginia Yañez dejó el cargo de directora del Registro de Comercio del gobierno provincial. Los avances en la investigación en la causa de los "dos millones" trajeron nuevas consecuencias. La hija de la intendenta Blanca Pereyra, María Virginia Yáñez, que ocupaba un cargo dentro del Gobierno Provincial como directora del Registro Público de Comercio de Villa Mercedes, renunció ayer. Aunque no se conocieron los motivos de su decisión, hace pocos días la habían vinculado con la inscripción de la empresa Gabriel SRL, que habría facturado al Municipio arreglos que nunca realizó. El vocero de Prensa del Gobierno de la Provincia, Julián Robles, confirmó la noticia. Virginia Yáñez presentó su renuncia al mediodía. Al parecer la dimisión fue aceptada. No revelaron los motivos de su alejamiento del gabinete de San Luis. El viernes, en declaraciones radiales y a El Diario de la República, María Gabriela Escobedo, aseguró que Yáñez facilitó la inscripción de la firma Servicios Gabriel SRL, en el Registro de Comercio. "A la empresa la inscribió en Comercio e Industria la hija de la intendenta. Desconocía todo este ambiente en el que me veo involucrada, tenía veinte minutos entre módulo y módulo y me hicieron firmar los papeles rapidito, ella –Virginia Yáñez-, nos hizo pasar a nosotros primero habiendo una cola enorme de gente para que firmara y me fuera", dijo Escobedo. Escobedo figuraba al frente de la sociedad Servicios Gabriel SRL, empresa que habría realizado arreglos en el edificio de la Comuna, aunque nunca fue “habilitada comercialmente”. Según sus declaraciones, el ex secretario de Hacienda del Municipio, Marcelo Zeballos era el contador de la empresa. María Virginia Yáñez había quedado también en el ojo de la tormenta cuando apareció vinculada a una serie de extracciones de dinero realizadas en el exterior, en la com-na de Los Andes, Chile. Otros sospechados fueron los ex secretarios municipales Marcelo Zeballos y Darío Sacco, entre una decena de familiares directos de ellos y funcionarios de segunda línea. En septiembre del 2010, Yáñez presentó su vindicación en los tribunales de Villa Mercedes. “Voy a resolver mi cuestión frente a la Justicia, quiero desvincularme de todo esto aunque yo no tengo imputado ningún delito, pero es mi obligación presentarme y demostrar quién soy a los efectos de transparentar mi situación”, dijo en aquel momento. Blanca Pereyra: “Recibimos agravios” En la inauguración de la Rotonda del Bicentenario la intendenta de Villa Mercedes, Blanca Pereyra, habló de agravios, calumnias e injurias en contra de su gestión y aseguró que a las críticas las respondieron con obras. “Creo que esta es la respuesta que tenemos para darles a todos aquellos que nos han criticado durante tanto tiempo, cuando recibimos todos los agravios, injurias, calumnias. Yo dije que no les íbamos a contestar, que íbamos a contestar con obras y todos los días inauguramos una obra, y todos los días hubo una respuesta a estas criticas y cuestionamientos que no han hecho nada fácil llevar adelante las obras”, dijo Pereyra. En agosto del 2010, después de la renuncia del secretario de Servicios Urbanos, Darío Sacco, la intendente habló de una campaña de difamación contra su gestión. “Sacco es de mi confianza, ya que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario”, dijo la intendente Blanca Pereyra a El Diario de La República tras la renuncia de Sacco, sospechado de una serie de maniobras financieras irregulares. Además, habló de una “mentira corporativa” por parte de la oposición y una “operación política en su contra”. Unas semanas más tarde, en septiembre del 2010, el Municipio decidió tomar cartas en el asunto y fue a la Justicia a presentarse como particular damnificado en las causas que investigan a Darío Sacco y Marcelo Zeballos. “Deberían haberse presentado hace un año cuando se inició la causa y haber dado explicaciones públicas en ese momento”, coincidieron dirigentes de diferentes partidos políticos de la Provincia.

Villa Mercedes: testimonio clave en el escándalo de los dos millones

APARECE UNA EMPRESA LIGADA A ZEBALLOS EN EL ESCANDALO DE LOS 2 MILLONES

Villa Mercedes: la firma Gabriel SRL era sólo un sello

María Gabriela Escobedo dijo que Marcelo Zeballos inscribió una dirección donde nunca funcionó la empresa. Crecen las sospechas sobre la existencia de empresas fantasmas. Servicios Gabriel SRL, la empresa que habría prestado al Municipio servicios de arreglo y mantenimiento, ni siquiera tuvo un domicilio real: ni oficina, ni local de atención al público, ni un galpón donde guardaran las herramientas que habrían utilizado para realizar los trabajos. La dirección fiscal registrada ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) es una casa de barrio, en el Jardín del Sur, donde vive María Gabriela Escobedo, la mujer que acusó al secretario de Hacienda del Municipio, Marcelo Zeballos, por soborno. Su testimonio, que sería ratificado en la Justicia, acrecienta las dudas sobre el funcionamiento de empresas fantasmas. “Ése fue un domicilio legal que puso mi papá con Zeballos, pero yo no sé si la empresa funcionó en algún lugar. Acá en mi casa, nunca funcionó nada, es una casa de barrio donde vivo con mis tres hijos y mi marido, no hay herramientas, ni oficina, nunca funcionó nada. La única vez que me llegaron intimaci-nes de la AFIP fue en febrero de 2009, pero después nunca más me llegó nada”, dijo María Gabriela Escobedo. El viernes pasado, la mujer decidió romper el silencio y contar a través de diferentes medios de comunicación su verdad. Escobedo figura al frente de la sociedad Servicios Gabriel SRL, empresa que habría realizado arreglos en el edificio de la Comuna, aunque nunca fue “habilitada comercialmente”. Dice que Zeballos era el contador de la empresa. María Gabriela contó que su padre, Isidro Gabriel Escobedo, le pidió que conformara la sociedad, pero que nunca supo qué trabajos realizó para el Municipio ni qué suma cobró por sus servicios. “Esto se inicia en junio de 2008, mi papá, Isidro Gabriel Escobedo, llega a mi casa y me dice que no tenía qué comer, ni él ni mi hermano, Claudio Gabriel Escobedo, y que necesitaba conformar una empresa para poder licitar en la Municipalidad. Me dijo: 'Si vos me hacés esta gauchada de pertenecer durante tres meses a esta empresa yo puedo facturar para la Municipalidad', le pregunté si no me iba a perjudicar en nada y me dijo que después de tres meses me sacaban de la empresa. Recién en febrero de 2009 me enteré que Marcelo Zeballos era el contador, hasta esa fecha yo confiaba en lo que me decía mi papá”, relató Gabriela. Su vinculación con la empresa sospechada por maniobras irregulares llevó a Gabriela a dar de baja a la empresa en la AFIP. El trámite lo concretó el treinta de abril de 2009. “Cuando el viernes yo estaba en una radio llegó un mensaje anónimo diciendo que la empresa aún sigue cobrando. Sería importante que el juez tome estos datos. Si yo entregué copias del comprobante donde figura que la empresa fue dada de baja, ¿cómo puede ser que a esta altura siga cobrando? Que sigan investigando porque Zeballos sigue sentado en los mejores cafés de Villa Mercedes como si no hubiera hecho nada, cuando no lo es”, dijo Gabriela. En el acta de constitución de la sociedad Servicios Gabriel figuran Gabriela y su hermana María Teresa. El artículo cuarto del contrato detalla que la compañía ofrece una amplia diversidad de servicios, desde reparación, auxilio, mantenimiento de maquinarias, electrodomésticos y vehículos de toda clase, pasando por la compra, distribución y venta de productos, bienes y servicios, construcción, actividades financieras, hasta la explotación agrícola ganadera. El juez Alfredo Cuello, que tiene a su cargo la causa de los “dos millones”, reiteró hace algunos días un oficio a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para que remita copia certificada de los aportes y declaraciones juradas presentadas por las empresas Servicios Gabriel SRL y Gabriel SRL cuyos socios serían familiares de Escobedo.