Mediante un comunicado se reclamó que se aseguren las garantías que otorgan las Leyes democráticas
El Observatorio de Derechos Humanos de la Municipalidad de la ciudad de San Luis, ante los sucesos ocurridos en nuestra provincia en los últimos días, expresa “su preocupación por el accionar policial en los hechos ocurridos en el día lunes 5 de agosto en la ciudad de Villa Mercedes, donde militantes y dirigentes políticos sufrieron una brutal agresión por parte de efectivos de la Policía de la Provincia de San Luis, episodios que nos retrotraen a las peores épocas de la dictadura cívico militar, a pesar de cumplir este año, tres décadas desde el restablecimiento de la democracia”.
El pronunciamiento expresa su “repudio enérgico ante el accionar de los efectivos policiales de la Unidad Regional II, la misma que se encuentra profundamente cuestionada por denuncias de torturas en la Comisaría 9na. y por la incompetencia en su labor investigativa para el esclarecimiento del caso Cooper, entre otras causas”.
El comunicado agrega textualmente:
“Estos acontecimientos desnudan un Estado Provincial ausente, desprotegiendo a los ciudadanos de los más elementales Derechos Humanos consagrados en la Constitución Provincial, en la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales en los que la provincia y nuestro país son firmantes. Vale decir, aquellos derechos que son inherentes a todos los seres humanos y que en esta provincia no se garantizan:
Derecho a la salud, que en el caso de Ivan Cooper se manifiesta en la ausencia de una política de Estado respecto a la Salud mental, ya que este ciudadano fue privado de la atención médica y psicológica, por las medidas implementadas por el gobierno provincial de externación y privación de asistencia, en abierta contradicción con la legislación establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre Salud mental.
El Derecho a la Justicia y Seguridad personal, violentada en la comisaria 9na. de Villa Mercedes, a través de maltratos y torturas ocasionados a un ciudadano detenido, hecho que llevó a la Jueza del Juzgado Penal º 3, a dictar el procesamiento y prisión preventiva a los dos policías involucrados.
Derechos a la libertad de expresión y de información, a la participación política y social, en especial en este momento pre eleccionario, en que todos los habitantes deben acceder a conocer las propuestas de las diferentes expresiones político partidarias y en que los integrantes de las diversas agrupaciones políticas tienen el derecho y la obligación de dar a conocer sus ideas y propuestas.
Exhortamos a las autoridades responsables a investigar los hechos denunciados, a restituir los Derechos violentados, a comprometerse con las funciones ejecutivas y legislativas otorgadas por el voto popular y a asegurar a todos los ciudadanos las garantías que otorgan las Leyes democráticas”.
El comunicado lleva la firma de la directora de DD.HH., Ana María Garraza.
